La transparencia informática administraciones públicas

La experiencia adquirida por el autor -Doctor en Derecho-, durante sus  veinticuatro años como funcionario de distintas Instituciones públicas -entre otras, letrado de la Diputación de Alicante y asesor jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana- constituye un excelente bagaje para escribir sobre «La transparencia informativa de las Administraciones públicas. El derecho de las personas a saber y  la obligación de difundir información pública de forma activa». El presente trabajo de investigación analiza la situación legal y judicial existente en las principales democracias del mundo y en el ámbito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y Unión Europea. Se trata, por tanto, de una poderosa herramienta para saber quién, cómo, cuándo, dónde y a qué tipo de información financiada con fondos públicos se puede acceder por parte de los ciudadanos. Y lo que es más  importante: qué recursos administrativos y judiciales se pueden presentar cuando la información no es facilitada y cuáles son sus consecuencias disciplinarias, patrimoniales y penales. El trabajo examina con detalle la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la normativa autonómica existente en la materia.
 Es objeto de especial estudio el acceso a la información sensible: adjudicatarios y coste final de los contratos públicos; datos urbanísticos y medioambientales; presupuesto y cuentas públicas; sueldos, dietas y viajes de los cargos electos y funcionarios; financiación de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales; listas de espera sanitarias y de vivienda; beneficiarios de subvenciones; publicidad institucional; los servicios  públicos de interés general prestados por entidades privadas
 -telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales- y los concesionarios de servicios públicos -agua, residuos, transporte, sanidad- etc.
 La información que se resiste a ser publicada es toda aquella que permite a los ciudadanos controlar la gestión de los asuntos públicos,  exigir la rendición de cuentas y denunciar casos de despilfarro o corrupción. El autor acuña el lema: «la transparencia es como la sinceridad: se exige la ajena y se limita la propia».